"Desde el PNUD, nuestros esfuerzos apuntan a contribuir con las acciones de los gobiernos, de la sociedad civil, de la academia y del sector privado en la lucha contra la corrupción y para fortalecer la institucionalidad"- Richard Barathe, Representante Residente Adjunto

Por: Richard Barathe. Representante Residente del PNUD en Honduras

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El fortalecimiento de la democracia es central en la construcción de sociedades más justas, en las cuales cada persona tenga mejores posibilidades de desarrollar una vida digna y plena. En la región de América Latina y el Caribe, un 25% de la población, a decir de Latinobarómetro, se muestra satisfecha con el funcionamiento de su democracia; está muy claro que la consolidación de esta -un proceso aún con grandes desafíos- demanda la generación de instituciones más fuertes, enfocadas en la mejora de las condiciones de vida de la población, con la capacidad y el compromiso de hacer buen uso de los recursos a su cargo, tanto financieros como humanos.

En este sentido, la gobernabilidad, manifestada entre otras formas como transparencia, mejora continua, acercamiento del Estado y sus servicios a la ciudadanía (máxime con las herramientas tecnológicas y las complejidades que se viven a nivel local para garantizar el acceso), la rendición de cuentas y el fortalecimiento de los sistemas de planificación y elaboración del presupuesto, es prioritaria en los procesos de desarrollo sostenible.

Con esto en mente, y en el marco del Día Internacional contra la Corrupción (que se conmemora cada 9 de diciembre), reflexionemos sobre el freno que implica la corrupción para el fortalecimiento institucional. Esta es una realidad a nivel mundial que socava la razón de ser de las mismas instituciones cuando éstas son usadas para beneficio de ciertos grupos y no para el bienestar general.

La falta de transparencia y de la utilización efectiva, eficiente y legal de los recursos públicos son un claro obstáculo para el desarrollo humano, para la superación de la pobreza multidimensional y para el fortalecimiento de economías más dinámicas, innovadoras, sostenibles e incluyentes. Inclusive, los costos financieros y económicos de la corrupción son enormes: se estima que se pierde globalmente U$2.6 billones; el subregistro, además, puede ser un factor importante para considerar.

Hay que mencionar que los países, en general, han establecido más fuertes sistemas de inversión pública, de supervisión de las conductas de las y los funcionarios, para la trazabilidad de los fondos, de denuncia ciudadana, entre otros elementos que abonan a la transparencia. En general, en 2020 se cuenta con una ciudadanía con mayor acceso a la información pública y con cierta posibilidad de auditoría social.

Asimismo, las instituciones de control (cuya creación ha sido múltiple en los países), así como el del sistema de justicia, juegan un papel preponderante cuando asumen sus roles en el campo de la investigación, denuncia, persecución penal y sentencia de los delitos asociados a corrupción.

Ante ello, deseamos enfatizar que las agendas de transparencia, de gobernabilidad democrática y del desarrollo humano están estrechamente vinculadas. Desde el PNUD, nuestros esfuerzos apuntan a contribuir con las acciones de los gobiernos, de la sociedad civil, de la academia y del sector privado en la lucha contra la corrupción y para fortalecer la institucionalidad. En ese marco, la Agenda para el Desarrollo Sostenible, y en particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16, propone una hoja de ruta que señala que la construcción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas implica trazar metas para la reducción de la corrupción, el fomento del acceso a la información y el constante fortalecimiento institucional.

Una oportunidad estratégica para reducir los índices de corrupción y fortalecer la agenda de desarrollo, que reconoce en la transparencia un componente esencial, es la apuesta por la digitalización, el uso de las tecnologías, el acceso creciente a los datos relacionados con las acciones y adquisiciones del estado, entre otras expresiones del gobierno abierto y la digitalización de los servicios, de la información pública y del quehacer institucional, en general.

En Honduras se ha dado pasos en esta materia y tiene por delante aún una enorme avenida de desarrollo de los derechos relacionados con la conectividad (desde energía eléctrica hasta internet, strictu sensu). Se reconocen avances, más aún en el contexto COVID-19, fundamentalmente en las plataformas institucionales, buscando que se acerquen, simplifiquen y permitan interacciones más ágiles, eficientes y fluidas con la ciudadanía, aportando a la transparencia.

En el Día Internacional contra la Corrupción, como PNUD nos comprometemos a seguir abonando al camino de construcción de una Honduras resiliente, productiva, conectada e inclusiva, que emerge transformada de sus desafíos y avanza para hacer realidad el desarrollo humano para todas y todos.

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