Instituciones de gobierno y PNUD se unen para realizar análisis territorial sobre seguridad ciudadana, movilidad humana y desarrollo en el Triángulo norte de Centro América; Honduras, El Salvador y Guatemala.

La migración irregular es un fenómeno de origen multidimensional que se gesta en las condiciones de vulnerabilidad en que vive gran parte de la población del interior del país de origen y de países vecinos.

En 2019 el número total de personas, originarias de Honduras, El Salvador y Guatemala, viviendo fuera de su país alcanzó los 3.6 millones de personas. También, entre 2016 a 2019 hubo 523,463 nuevas solicitudes de asilos de parte de personas de Honduras, El Salvador y Guatemala.

En la mayoría de los casos, las personas tienden a emigrar porque buscan mejores oportunidades de empleo, educación, condiciones de salud, beneficios sociales, de seguridad personal y familiar. Pero existen también otras razones: las desigualdades territoriales, la existencia de conflictos, la degradación ambiental, la existencia de redes familiares en los países de acogida, los niveles de inseguridad ciudadana, en particular en el norte de Centroamérica, una subregión caracterizada por altas tasas de homicidio y de otras violencias (PNUD, 2020).

El informe sobre Movilidad Humana, Desarrollo y Seguridad Ciudadana en los países del norte de Centroamérica elaborado por PNUD Infosegura, proporciona datos útiles que pueden contribuir a mejorar la vida de las personas a través de políticas públicas basadas en evidencia que procuren sociedades pacíficas, justas e inclusivas, en las que nadie se quede atrás[1].

La violencia e inseguridad tiene un alto impacto en el desarrollo humano de las personas y en la gobernabilidad democrática, pues afecta profundamente las capacidades y las libertades de las personas, la manera como construyen la vida en sociedad, deteriora la confianza de las personas en las instituciones y en el régimen democrática.

La inseguridad genera importantes costos, desde el gasto público de las instituciones y los gastos privados de los ciudadanos para procurarse seguridad, hasta los costos irreparables en la vida y en la integridad física de las personas.

En los tres países del norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala, pese a los importantes avances en la reducción de homicidios registrados, continúan con altas tasas de violencia letal.

Durante los primeros seis meses de 2020, los países del norte de Centroamérica registraron 3,320 homicidios, lo cual representa casi 2,000 víctimas menos que en el mismo período del 2019. Esta disminución se acentuó casi de forma inmediata a partir de las medidas de restricción de movilidad y confinamiento por covid-19 tomadas en todos los países en la segunda mitad del mes de marzo.

En paralelo, otras formas de violencia, particularmente la violencia contra las mujeres se ha incrementado. En el caso de mujeres migrantes en condición irregular, adicional a los motivos generales mencionados, se les suma el tratar de huir de violencia intrafamiliar o violencia en al ámbito público, y enfrentan una serie de vulnerabilidades en mayor medida que los hombres en cada una de las etapas del proceso migratorio.

La estrategia regional del PNUD sobre movilidad humana y desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, apuesta por fortalecer las capacidades nacionales y locales, mitigando los impulsores adversos que provocan la migración irregular, promoviendo la reintegración socioeconómica de los migrantes de retorno y el fomento de la convivencia ciudadana y cohesión social.

Haz click aquí para el informe sobre Movilidad Humana, Desarrollo y Seguridad Ciudadana en los países del norte de Centroamérica

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[1] Este informe cuenta con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y es el resultado de la coordinación interinstitucional bajo el liderazgo local de las oficinas del PNUD en Guatemala, Honduras y El Salvador, quienes articulan esfuerzos en Guatemala con Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Dirección General de Migración (DGM), Ministerio de Gobernación (MINGOB); en Honduras, con el Centro Nacional del Sector Social de Honduras (CENISS), Sub-Secretaría de Seguridad en Asuntos Interinstitucionales, Observatorio Consular y Migratorio de Honduras (CONMIGHO), Ministerio Público (MP); y en El Salvador, con Instituto Nacional de Estadísticas, Dirección de Información y Análisis (DIA), Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador (DGME), y Dirección General de Estadística y Censos  DIGESTYC). Adicionalmente se contó con información de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).