Los países miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas han adoptado en 2015 la Agenda 2030, un plan de acción ambicioso a favor de las personas, el planeta y la prosperidad. La igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas se incluyeron explícitamente en el ODS 5 como un derecho humano primordial, así como de manera transversal como una base necesaria para lograr un mundo pacífico, próspero y sostenible. Si no se abordan las desigualdades de género y la discriminación contra las mujeres y las niñas, se obstaculizará o —peor aún— se impedirá el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No puede existir un progreso si no se afrontan los obstáculos tangibles e intangibles que impiden que la mitad de la población progrese. Se define la igualdad de género como “la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, y las niñas y los niños”. Sin embargo, la injusticia se repliega en algunos campos, como en la educación y el acceso a la salud y al trabajo. Las mujeres cuentan con una carga desproporcionada de trabajo de cuidado no remunerado, que les limita gozar de oportunidades para obtener ingresos, iniciar negocios y participar en la vida pública, al tiempo que priva a las economías de sus talentos y contribuciones. Además, persiste la violencia contra las mujeres y niñas, en niveles alarmantes. En cuanto a la región latinoamericana, Honduras encabeza la lista de países con mayores tasas de muertes violentas de mujeres y femicidios por cada 100,000 habitantes: en una medición realizada en 25 países de la región en 2014, Honduras registró una tasa de 13,3 (CEPAL, 2016). La tasa aumentó drásticamente en 2018. Incluso, en los temas de cambio climático, desastres naturales y ambientales son las mujeres las más afectadas.

En Honduras, las mujeres y las niñas representan el 51% de la población; a pesar de algunos avances en la materia, aún existen retos para ir cerrando las brechas de desigualdad. En cuanto al mercado laboral y de acuerdo con un estudio de la OIT (2017), Honduras es uno de los tres países de América Latina y el Caribe con mayores brechas de género en tasa de participación laboral: por cada hombre desocupado laboralmente, hay dos mujeres. Se registra una baja participación de las mujeres en espacio de toma de decisiones, tanto en el ámbito político como en el ámbito empresarial. Para las elecciones 2017 el número y porcentaje de mujeres en cargos de elección popular fue significativamente bajo, registrándose en el Congreso Nacional solo un 23% de mujeres electas como diputadas y un 8% de mujeres electas como alcaldesas municipales (TSE 2017). En el ámbito empresarial se observa un panorama similar, según el “Global Gender Gap Report (2017)” del Foro Económico Mundial, América Latina y el Caribe es una de las regiones peor posicionadas en el mundo en términos de participación y oportunidad económica femenina, a pesar de que ocupa el nivel superior en logros educativos de las mujeres. Similar, según un estudio sobre la participación de las mujeres en la gestión empresarial, (COHEP, 2018), sólo el 27% de las mujeres forman parte de las juntas directivas. El mismo estudio notó que mayor tamaño tiene la empresa, menor participación de mujeres en juntas directivas y presidencia ejecutiva.

Para cerrar las brechas de género persistentes en los lugares de trabajo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha apoyado desde 2009 a los gobiernos y al sector privado al nivel global a implementar el “Sello de Igualdad de Género – Programa de certificación para instituciones públicas y privadas”. El sello se implementó / está en implementación en 11 países en la región. Las instituciones que reciben el Sello son reconocidas por alcanzar estándares específicos para promover la igualdad de género en el trabajo. Para las empresas participantes, brinda la oportunidad de generar espacios laborales más eficientes e igualitarios, incrementar el desempeño de su personal y mejorar su imagen pública. Costa Rica fue pionera en la certificación para empresas privadas, con el Sistema de Gestión en Igualdad y Equidad de Género, SIGEG, en 2002. Siguió México con el Modelo de Equidad de Género, MEG, en 2003; después Brasil con el Sello Pro Equidad de Género, en 2005, y finalmente en 2009, Chile con el Programa de Buenas Prácticas Laborales con Equidad de Género, “Sello Iguala”, Argentina con el Modelo de Equidad de Género para la Argentina, MEGA 2009, y Uruguay con el Modelo de Gestión de Calidad con Equidad de Género. Estos países entre otros escalaron sus esfuerzos para contribuir en el marco de cooperación sur-sur en cerrar brechas de género en el mercado laboral. El PNUD apoya también la adherencia al Pacto Global de la ONU en varios países. El Pacto es una iniciativa internacional que promueve la responsabilidad social empresarial a través de 10 principios y requiere que las empresas adoptan, apoyan y promulgan, dentro de su esfera de influencia, un conjunto de valores fundamentales en las áreas de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y anticorrupción. En 2017, se adoptó una Herramienta de análisis de brecha de género para ayudar las empresas evaluar su progreso por alcanzar la igualdad de género, asignándolas diferentes niveles de avance, identificando fortalezas y áreas de mejora. La creación del capítulo hondureño del Pacto Global está en marcha. Finalmente, muchos estudios en Europa y los Estados Unidos muestran que luchar contra la brecha que separa a hombres de mujeres en el sector privado no solo es una cuestión de derechos, pero también de rentabilidad. Los estudios reflejan que las empresas que adoptan la diversidad y la inclusión en todos los aspectos de su negocio superan estadísticamente a sus pares (McKinsey & Company, 2018). Así, el sector privado puede jugar un rol clave en impulsar la igualdad de género al ser el empleador más grande en la región y en Honduras, creando condiciones igualitarias para hombres y mujeres que son críticas para el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Escrito por Alissar Chaker, Representante Residente Adjunta del PNUD en Honduras

Este artículo está publicado en la revista Comercio Global de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa.