Proponen piso básico de protección social para combatir desigualdades

18 abr 2013

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·         La protección social es un elemento indispensable para superar las desigualdades

 

Tegucigalpa 18 de abril .- En Honduras, la participación de la población económicamente activa (PEA) femenina es del 36% frente a un 75.6 % de la PEA masculina, según el estudio regional “Combatiendo la desigualdad desde lo básico. Piso de protección social e igualdad de género”.

Esta posición de desventaja de las hondureñas, es inclusive mayor a la que se observa en el resto de países de Centroamérica y República Dominicana, donde las mujeres alcanzan un promedio de 40.7 % de participación en la PEA, según la investigación  “Combatiendo la desigualdad desde lo básico. Piso de protección social e igualdad de género” presentada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La inequidad en torno al empleo para las mujeres es producto de un sistema sociocultural discriminatorio, en el cual las tareas y la carga del cuidado del hogar son injustamente consideradas como una responsabilidad femenina, lo cual obstaculiza sus posibilidades de acceso al empleo formal, y al ejercicio pleno de su ciudadanía. Es por ello que el 41.9 % de las mujeres, recurren a trabajos en la  economía informal en condiciones de precariedad.

El estudio busca contribuir a la reflexión alrededor de los modelos de seguridad y protección social en la región, orientada además a promover una mayor investigación y análisis en torno a sus marcos de referencia, metodologías y aplicación práctica, dijo Rosibel Gómez coordinadora de ONU Mujeres.

La propuesta de un piso básico de protección social se presenta como un elemento indispensable para contribuir a la inclusión y a la superación de las desigualdades de género en este marco, promoviendo la transversalidad y un enfoque de abordaje integral.

Entre los determinantes socioeconómicos que el estudio asocia a la desigualdad en materia de protección y seguridad social de la población en la región, están el bajo nivel de escolaridad, especialmente entre las poblaciones indígena; los altos índices de pobreza e indigencia rural; las grandes brechas salariales existentes  entre hombres y mujeres, y sobre todo,  la alta proporción de hogares en los cuales las mujeres se dedican exclusivamente a labores domésticas no remuneradas, precisó Maria José Chamorro, responsable regional  para el  área de Género de la OIT.

Propuesta holística e incluyente

En general, la escasa inversión pública en salud, educación y seguridad social conlleva a niveles altos de desprotección social que afecta de forma mayoritaria a las mujeres. Las brechas de desigualdad de género son resultado de relaciones desiguales de poder que ponen a las mujeres en situaciones de desprotección, entendida esta como el menor acceso a la seguridad social desde el mercado de trabajo, de mayor vulnerabilidad por asumir casi exclusivamente las responsabilidades familiares del hogar y de la exclusión social por tener menor acceso a los diversos recursos y al poder, recalca el documento.

Partiendo de esta base de protección social como un mecanismo para construir escenarios más propicios para la universalización de derechos, la meta es lograr una nueva concepción de protección social, más inclusiva e igualitaria, para ir ampliando gradualmente las garantías a más personas, especialmente para quienes han estado tradicionalmente en situación de desventaja en la región, dijo Sergio Membreño, coordinador de Gobernabilidad del PNUD.

El informe recalca que las garantías básicas de la seguridad social deben tener un enfoque holístico, lo que implica integrar la salud materna e infantil, la protección económica básica para las mujeres en el embarazo, parto y postparto, y el cuidado de las personas dependientes y personas menores de edad, como elementos indispensables de la seguridad social.

Además, la investigación  desarrolla propuestas metodológicas y técnicas para concretar estas estrategias a nivel nacional, empezando con un balance de la situación que tenga en cuenta los planes vigentes y su capacidad fiscal, de forma que se identifiquen las brechas de protección, se evalúe el costo y la sostenibilidad de las opciones disponibles, y finalmente se elaboren las medidas específicas que constituyan el piso nacional de protección social.

Se espera que esta propuesta sea de utilidad en las estrategias nacionales para prevenir y reducir la pobreza, la desigualdad, la exclusión y la inseguridad social en la región.


La investigación hace propuestas metodológicas y técnicas para concretar estas estrategias