La Iniciativa de Piso de Protección Social del Sistema de Naciones Unidas se dirige a promover, en el ámbito nacional, estrategias que garanticen un mínimo de acceso a servicios y a la seguridad del ingreso para el conjunto de la población. Se plantea como un punto de partida sujeto a sucesivas ampliaciones tanto horizontales (a más personas), como verticales (contemplando más garantías). Las intervenciones, de acuerdo a los contextos, incluyen diversos programas de protección social por edad y sensibles al género, como programas de desarrollo de la primera infancia, prestaciones por embarazo y maternidad, asignaciones familiares y servicios de cuidado a personas menores de edad y personas dependientes, servicios de salud reproductiva (incluyendo la salud materna e infantil) , apoyo alimentario, acceso a medicamentos para salvar vidas, seguro de salud y servicios de asistencia a la comunidad, agua y saneamiento, programas de mercado laboral activos y pasivos, pensiones sociales y de invalidez, educación para las necesidades especiales, etc. Dentro de un abanico amplio de posibles políticas y programas a incluir, en la 100ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de 2011 se situó el piso de protección social en la estrategia bidimensional de extensión de la seguridad social comprendida en el marco normativo internacional de seguridad social. En la 101ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo de 2012 se aprobó la Recomendación núm. 202 sobre los pisos de protección social, que señala que “los pisos de protección social deberían comprender por lo menos las siguientes garantías básicas de seguridad social: a) acceso a un conjunto de bienes y servicios definido a nivel nacional, que constituyen uno de cuatro ejes del concepto de Trabajo Decente.

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